Zonas francas en Costa Rica: ¿dónde estamos realmente, qué ganamos y qué puede quebrar la ventaja?

La discusión sobre el régimen de zonas francas en Costa Rica no es, ni debe se, un referéndum emocional sobre “exenciones sí o no”, sino una evaluación seria de política pública basada en tres elementos que son medibles: (i) capacidad de atraer y retener inversión de alto valor, (ii) calidad y formalidad del empleo que genera, y (iii) volumen de encadenamientos y conocimiento que genera sobre la economía. A partir de esos tres aspectos, los datos colocan a Costa Rica en el grupo de liderazgo regional, no por el tamaño absoluto de su manufactura o su mercado, sino por la intensidad y sofisticación de lo que logra el régimen: alrededor del 14% del Producto Intero Bruto, 64% de las exportaciones de bienes y más de 250 mil empleos entre directos e indirectos (mucho mejor pagados que el régimen definitivo), con ventaja salarial clara y un volumen creciente de compras locales que ya se mide en miles de millones de dólares anuales. Ese es el punto de partida y, a la vez, el estándar que debemos proteger.

El “ranking” que importa: capacidad de atracción y retención, no de marketing

Si uno evita los listados de consultora y construye un ranking funcional, esto es, quién convierte su régimen especial en política de Estado que multiplica productividad, la región se ordena así: Grupo A (Costa Rica, República Dominicana, Uruguay), Grupo de escala (México, fuera de categoría por tamaño y proximidad a EE. UU.), Grupo de oportunidad condicionada o Grupo B (Colombia y Panamá, con buenas piezas pero ejecución irregular)

• Costa Rica lidera por sofisticación sectorial (dispositivos médicos, electrónica de precisión, servicios intensivos en conocimiento), calidad del empleo (salario promedio y participación femenina muy superior al mercado) y encadenamientos productivos cuantificables (compras locales, capacitación, cumplimiento de normas sanitarias y de calidad).

• República Dominicana gana en masa exportadora y velocidad de instalación industrial, con un régimen simple, estable y parques bien gestionados; compite por los mismos proyectos medtech que disputamos nosotros.

• Uruguay convierte la estabilidad jurídica contractual y el foco en servicios globales (más celulosa para la exportación) en un aporte al PIB y a las exportaciones que, para su escala, es extraordinario.

• México no compite por impuestos, compite por ecosistemas: logística integrada, proveedores Tier 1–2–3 y tiempos de decisión cortos; es el “ancla” del nearshoring en la región.

• Colombia tiene diseño moderno y talento competitivo, pero ha sido vacilante en su señal tributaria; Panamá es un hub logístico de primera con regímenes múltiples, aunque su propuesta de valor en manufactura avanzada es más limitada.

Moraleja: el posicionamiento real de Costa Rica es top regional cuando la métrica es valor agregado, formalidad y mano de obra calificada; no hay lugar para dormirse en los laureles, porque en la media, las empresas reevalúan localizaciones cada 12–24 meses.

Amenazas reales

a) Competencia regional con disciplina operativa. Dominicana ya es cluster medtech; México seguirá imponiendo tiempos de decisión, parque industrial “llave en mano” y profundidad de proveedores que no tenemos. Si no resolvemos suelo industrial habilitado, permisos con plazos cortos, silencio positivo, esquemas de contratación más flexibles, y puertos (Caldera, Limón) funcionales, perderemos proyectos no por tasa impositiva, sino por condiciones país.

b) Talento y energía como cuellos de botella. La ventaja en capital humano se puede revertir si el inglés técnico, las habilidades STEM y la certificación sectorial no crecen a la velocidad de la demanda; lo mismo con tarifas eléctricas y confiabilidad: el inversionista no tolera interrupciones. Aquí la corrección es de política pública y de ejecución, no de narrativa. No es posible que sigamos retrasando una reforma al INA que permita capacitar a las personas en lo que se necesita, ni que el proyecto de armonización eléctrica siga durmiendo el sueño de los justos.

c) Legitimidad fiscal en la arena doméstica. Un costo fiscal estimado en torno a 1,5% del PIB obliga a demostrar—trimestre a trimestre—que el retorno social existe y mejora. Si la conversación pública se queda en el “dejan de pagar impuestos”, el régimen pierde terreno. Transparencia y métricas son defensa, no adorno.

Qué ajustar (palancas concretas, con lógica de tablero)

1. Oferta de talento “a la medida” y fast-track migratorio.

– Acuerdos vinculantes empresa–INA–universidades con cupos, perfiles y fechas de entrega; si la empresa cumple KPI de empleo y transferencia, accede a créditos o matching grants automáticos.

– Trámites migratorios para perfiles críticos con compromiso de las autoridades de otrogar categoría migratoria en no más 30 días, en contraprestación, se debe ligar a capacitación de pares locales.

– Certificación nacional de competencias para medtech de modo que el cumplimiento normativo sea activo de país, no barrera por planta.

2. Permisos y suelo industrial con reloj en la mano.

– Listas positivas de proyectos y localizaciones con permisos ambientales, municipales, bomberos, etc, etc, preaprobados (brownfields y greenfields), adjudicadas a operadores de parques que cumplan estándares (energía, agua, seguridad, transporte).

– Silencio positivo (aplicable para todo) y ventanilla única con SLA exigible; el incentivo más valioso hoy es certeza de fecha.

3. Logística quirúrgica para un país pequeño.

– Mejora sustancial en el desempeño de nuestros puertos (tiempos de atraque, descarga y despacho), con publicación mensual; si la métrica cae, acciones automáticas.

– Corredores logísticos desde parques a puertos con gestión de última milla y ventanilla aduanera ampliada (despacho extendido, inspección no intrusiva). El costo-país está en horas muertas, no en aranceles.

4. Encadenamientos como contrato, no como deseo.

– Programas para el desarrollo de proveedores con metas claras de entrega a tiempo y completa (OTIF), calidad (PPM) y procesos validados. Si el proveedor cumple, el Estado aporta cofinanciamiento y la empresa ancla le garantiza contratos de 2–3 años.
– Compras públicas inteligentes (salud, educación) que incorporen a proveedores graduados del programa, creando demanda que estabilice su curva de aprendizaje.

5. Gobierno de datos del Régimen de Zona Franca (defensa política y técnica).

– Informe trimestral público: exportaciones, empleo, ventaja salarial del régimen, compras locales, reinversión, tiempo de permisos, costo logístico.

– Auditorías de impacto cada dos años con metodología OCDE/BID, para sostener legitimidad en la Asamblea Legislativa y ante la opinión pública; sin datos, el régimen es rehén del ciclo político.

Costa Rica compite, y gana, cuando ofrece lo que otros no pueden replicar rápido: certeza jurídica, talento entrenado y clusters que aprenden. Nuestro “ranking actual” en la región es de liderazgo por sofisticación y retorno social, pero esa posición se erosiona si confundimos exención con estrategia. La estrategia, en 2025, es simple de enunciar y exigente de ejecutar: convertir los incentivos en palancas de productividad medibles (capacitación de talento, costo de electricidad, flexibilización laboral, entre otros), asegurar tiempos de instalación y logística que ganen al reloj y desplegar talento a la velocidad de la demanda. Si hacemos eso, el debate sobre zonas francas deja de ser un péndulo y se convierte en una política de Estado inmune a gobiernos, que protege empleo de calidad y ancla la próxima ola de inversión en un país que, por diseño institucional, punches above its weight.